El sobreseimiento, la figura jurídica que permite dar por concluido el proceso penal sin la emisión de una decisión sobre el fondo del asunto

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Se entiende por sobreseimiento la resolución firme emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia que pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que, sin actuar el ius puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada. En otras palabras, esta figura jurídica, según la Corte Suprema (CS), permite dar por concluido el proceso penal sin la emisión de una decisión sobre el fondo del asunto -propio de un juicio contradictorio-. Tiene carácter concluyente e importa el archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte, conforme al numeral 2 del artículo 347 del Código Procesal Penal. El sobreseimiento se da solo por causa establecida en la ley. Leer más

No siempre las medidas de coerción personal requieren solicitud previa del fiscal, el juez también puede imponerlas de oficio

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Con los artículos 261 (detención preliminar judicial), 266 (detención judicial en caso de flagrancia) y 268 (prisión preventiva) del CPP, la Corte Suprema (CS) explica, como criterio básico, que «las medidas cautelares que el juez pueda decidir para fines procesales deben ser impuestas a requerimiento del Ministerio Público, así se cumple el rol de juez de garantías, donde el órgano judicial no determina las previsiones procesales, sino previa solicitud fiscal» (sic). Pero la Corte Suprema también señala, «cuando se trata de la comparecencia restrictiva -artículo 286 y 287 del CPP-, esta se impone por exclusión del requerimiento de prisión preventiva, se faculta al juez a tomar esta medida cuando no se satisfacen todos los presupuestos para imponer la medida de prisión preventiva. No se requiere que el fiscal haya requerido alternativamente prisión preventiva y, de no ser el caso, comparecencia con restricciones, ergo la decisión judicial por esta última medida es subsidiaria, sin requerimiento fiscal y potestativa para el juez. (…). Leer más

Sin mayoría sobre la aplicación de la cadena perpetua, se aplica la inmediata inferior

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Sobre la aplicación de la pena de cadena perpetua, la Corte Suprema (CS) recuerda que, en consonancia con el numeral 4 del artículo 392 del Código Procesal Penal, «es importante que esa fundamentación sea adoptada por todos los integrantes del colegiado; de esa manera, se garantiza la certeza y convicción de su aplicación, porque basta que uno de los integrantes del tribunal que juzga no esté convencido de la necesidad de dicha pena y no comparta la decisión para que no se pueda aplicar debido a su severidad. Por ende, habrá de aplicarse otra pena, que en este caso tiene que ser la inmediata inferior en razón de que la máxima pena no se aplica solo por un defecto procesal; corresponde la aplicación de la pena siguiente, que sí es posible aplicar por mayoría. En consecuencia, resulta válido imponer treinta y cinco años de pena privativa de libertad» (sic). En el caso, por ejemplo, la pena de cadena perpetua fue confirmada por mayoría, tal como se desprende de la sentencia, pues uno de los integrantes del colegiado superior emitió su voto en discordia. Leer más

CS fija principios jurisprudenciales de cumplimiento obligatorio sobre el inicio del cómputo del plazo prescriptorio de deudas tributarias y aduaneras

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La Corte Suprema (CS) fija los siguientes principios jurisprudenciales con carácter de precedentes de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales: «6.1.1 Para efectos de la interpretación de los alcances del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, en aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final, se permite la remisión a las normas contenidas en el Código Tributario, respecto al inicio del cómputo de los plazos de prescripción; lo cual resulta acorde a la Norma IX del Título Preliminar del citado código. Leer más

La excepción de improcedencia de acción puede postularse tanto para un requerimiento acusatorio acabado como para una disposición fiscal previa

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Según la Suprema, «brotan dos reglas de juicio, bajo la rectoría del principio lógico de identidad; por un lado, aunque la excepción de improcedencia de acción pueda postularse tanto respecto a un requerimiento acusatorio acabado, como de una disposición fiscal previa (diligencias preliminares o formalización, ampliación, continuación de investigación preparatoria), eso no significa que el juez que evalúa la excepción no considere el grado de sospecha en el que se ubica el relato fiscal, para contestar el ruego de la excepcionista. Puesto que no es lo mismo examinar el relato incriminatorio desde la perspectiva de una sospecha suficiente o justificada, en forma y acabada -que debe estar ineludiblemente presente cuando se presenta el requerimiento fiscal acusatorio o mixto-, que examinar el relato fiscal previo, que se afinca en una sospecha inicial o incluso puede haber avanzado hasta una sospecha reveladora. Precisamente, el yerro en que la recurrida incurre es haber exigido contornos del principio de imputación necesaria al relato fiscal, cuando se trataba aún de una investigación incipiente, como además lo ha hecho ver el a quo, menos posible si apreciamos que ese debate está reservado en el trámite procesal para la estación intermedia en el control de la acusación (artículo 350, inciso 1, literal a, del Código Procesal Penal). Leer más

Suspensión de la prescripción de la acción penal generada por formalización de la investigación preparatoria es igual al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo

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Según lo establecido en el Acuerdo Plenario N.° 03-2012/CJ-116, «el plazo de duración de la suspensión de la prescripción de la acción penal, generada por la formalización de la investigación preparatoria, será igual al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo. Esto significa que, producida la formalización de la investigación preparatoria, el plazo de prescripción que venía corriendo se suspenderá por un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad. Vencido este plazo, cesará la suspensión y la prescripción, inicialmente suspendida, continuará su curso hasta que se cumpla el plazo extraordinario de prescripción» (sic). Leer más

La oportunidad procesal para solicitar la exclusión de la prueba ilícita es la etapa intermedia (admisión), pero la discusión no se agota en este momento (valoración)

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, en el Expediente N.° 2249-2015-19 -caso exclusión de agendas de Nadine Heredia-, sostuvo que «la oportunidad procesal para solicitar la exclusión de prueba ilícita es la etapa intermedia y esto guarda concordancia con lo establecido por los artículos 349 al 352 del CPP, pues en dicha etapa se anuncian los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público que se emplearán para el acto de juzgamiento y también la defensa tiene oportunidad de ofrecer los medios probatorios que le permitan sostener su correspondiente teoría del caso. Por lo tanto, se genera el espacio necesario para discutir no solo la pertinencia y utilidad de los medios probatorios, sino también para excluir material probatorio que haya sido obtenido con violación de derechos fundamentales (…). Leer más

Las directrices del artículo 269 del CPP también sirven para evaluar el peligro de fuga en la comparecencia con restricciones

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Sobre la aplicación del artículo 269 del Código Procesal Penal, la Corte Suprema (CS) señala expresamente que este «contiene determinadas directrices que también pueden ser utilizadas para el peligro de fuga en caso de la medida de comparecencia con restricciones. De los cinco supuestos, claramente se cumplen la gravedad de la pena que se espera, la magnitud del daño causado -atento a que [en el caso] se trató de resoluciones judiciales expedidas en causa por delitos de tráfico ilícito de drogas (en los hechos uno y dos) que importaron la libertad de personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas-, y la pertenencia de la encausada a una organización criminal -recuérdese que este punto no fue cuestionado impugnativamente-. Igualmente, nada indica de un comportamiento procesal que desdiga la voluntad de sometimiento a la justicia de la imputada, así como tampoco que su arraigo social sea débil o inexistente (…). Leer más

En la prisión preventiva, «el juicio de peligrosismo debe ser afirmación de un riesgo concreto -al caso específico-«

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  Sobre la prisión preventiva y el peligro de fuga, se tiene esta casación de la Corte Suprema que estableció lo siguiente. «1. La institución de la prisión preventiva tiene como un presupuesto-objetivo o causales para imponerla, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de medida en cuestión, que legalmente o en clave de Derecho ordinario se traduce en la presencia de los peligros de fuga y de obstaculización (periculum libertatis) -en pureza, de una sospecha consistente por apreciación de las circunstancias de tales riesgos- del caso específico. Asimismo, como ‘objeto’ la prisión preventiva debe concebírsela tanto en su adopción como en su mantenimiento como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de dichos fines u objetivo. Leer más

Un juez penal unipersonal promovido a juez superior puede continuar con los juicios orales ya iniciados que dirigía

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En el sub lite no está en discusión el nombramiento previo del doctor (…) como juez penal y su ulterior promoción como juez superior. Solo se cuestiona que, si al iniciar el mes de enero de 2020 ya era juez superior nombrado por el presidente de la Corte Superior conforme con sus facultades; entonces, no podía continuar con la dirección de una causa en primera instancia como juez penal. Así lo consideró el tribunal superior. Sin embargo, para la Corte Suprema (CS), «importa reconducir el problema a las disposiciones sobre la constitución del juez, específicamente a la institución del juez legal predeterminado por la ley (…); esto es, en concreto, a si puede aceptarse para evitar la interrupción del juicio (quiebra del plenario) que un juez que estaba a cargo del mismo puede seguir conociéndolo tras su promoción a un cargo judicial superior. (…), en el plenario ya había concluido el periodo inicial y estaba en curso el periodo probatorio, por lo que la causa ya tenía un avance importante (…), lo singular del caso es que el juicio se inició por el juez (…) Leer más