Sobre la suspensión preventiva de derechos, con el artículo 297 del Código Procesal Penal, la Corte Suprema (CS) señala en este caso que «no es objeto de discusión que existan elementos de convicción que acrediten, en grado de sospecha suficiente, que el investigado desplegó acciones con el fin de obtener la plaza de fiscal superior titular en el proceso de selección del CNM. Las transcripciones de comunicaciones, darían cuenta que se habría comunicado con (…) y funcionarios del aludido CNM para concretar dicho nombramiento; sin embargo, el Ministerio Público no ha cumplido con presentar elementos de convicción que denoten que el encausado, fuera del proceso de selección y nombramiento al que postuló -ámbito en el que giró su actuación-, sea proclive a cometer actos ilícitos. En otras palabras, se han presentado elementos de convicción que acreditarían una conducta reprochable, pero solo con relación al proceso de selección y nombramiento y no una conducta reprochable fuera de ese ámbito. No basta con que la imputación sea gravosa. Leer más

En este recurso de apelación está en cuestión la legalidad del auto de primera instancia denegatorio de la solicitud de expedición de copias de dos requerimientos fiscales y dos resoluciones judiciales, en tanto puede afectar la garantía de defensa procesal. Al tomar conocimiento por información periodística de que el fiscal supremo solicitó la intervención de varios teléfonos -uno de los cuales sería de él-, requerimiento al que accedió el juez supremo de la investigación preparatoria, pero tras cierto lapso de tiempo de ejecución de esa medida el propio fiscal supremo requirió se deje sin efecto tal autorización judicial de intervención telefónica, lo que aprobó el juez supremo de la investigación preparatoria; el investigado solicitó las copias debidas, sin embargo, el juez supremo se las negó. Leer más

Al revisar el recurso de apelación, en este caso, la «Sala Penal Suprema aprecia que en el auto de primera instancia no se vulneró el principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales, instituido en el artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Estado. En lo pertinente, se abordaron y desestimaron individualmente los agravios formulados en la solicitud de cese de prisión preventiva, del quince de enero de dos mil veintiuno, mediante respuestas suficientemente comprensibles, lógicas y razonables. Según se advierte, se desestimó el valor de la prueba personal documentada (deposiciones sumariales) y documental (diversas instrumentales) orientadas a refutar su vinculación delictiva y el peligro procesal, en su vertiente de riesgo de fuga y obstaculización probatoria. No consta que en la evaluación del nuevo material probatorio se haya transgredido la lógica, la ciencia o las máximas de experiencia, según el artículo 158 del Código Procesal Penal. Leer más