El pacto de reserva de propiedad del contrato de compraventa constituye una condición suspensiva

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El pacto de reserva de propiedad del contrato de compraventa constituye una condición suspensiva que, si bien no desnaturaliza dicho contrato, limita uno de sus efectos: la transferencia de la propiedad, y lo convierte en ineficaz, por ende, inexigible hasta que se cumpla con el pago del precio de la venta. Así, pues, al no ser exigible no es posible la formalización de la compraventa. Con el artículo 1583 del Código Civil y con la doctrina, la Corte Suprema (CS) recuerda que, «en la compraventa puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega. El comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido (…). Leer más

El inicio o existencia de procesos judiciales sobre el bien materia de «usucapión» no afecta la pacificidad, sino la interrupción de la prescripción

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La Corte Suprema (CS) volvió a señalar que el requisito de pacificidad, en un caso de prescripción adquisitiva de dominio, no se afecta por el inicio o existencia de procesos judiciales en torno al bien materia de prescripción, pues ellos «no constituyen actos de violencia física o moral que supongan que el inmueble se retiene por la fuerza, y por ende, tales actos, no perjudican la pacificidad; sino que son actos de interrupción de la prescripción, y que afectan realmente al requisito de la continuidad de la posesión» (sic). Leer más

Sí es viable analizar la validez del acto de titulación del PETT bajo las causales de nulidad del acto jurídico previstas en el artículo 219 del Código Civil

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La Corte Suprema (CS) recordó que, por el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho complejo de naturaleza constitucional y de derechos humanos en su contenido específico de acceso a la jurisdicción, es perfectamente constitucional y legal habilitar el cuestionamiento de la inscripción de un título que proviene de una decisión administrativa a efecto de que se declare la cancelación del asiento registral, no solamente en temas referidos a concretas actuaciones administrativas que pueden atacarse de irregulares, también con defensas sustentadas en el acto jurídico que contiene las inscripciones en sede administrativa. Leer más

El permiso de pesca es un intangible de duración limitada: Impuesto a la Renta

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La Ley General de Pesca y su reglamento regulan de manera expresa que los permisos de pesca son de plazo determinado, es decir, son derechos administrativos de duración limitada, debido a que el legislador ha establecido supuestos para mantener su vigencia. Así, pues, para la Corte Suprema (CS), Leer más

El derecho de defensa no se ve afectado ni se contraviene el artículo 127 del CT si es el propio contribuyente quien modifica el sustento de los reparos

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El artículo 127 del Texto Único Ordenado del Código Tributario establece y regula la facultad de reexamen del órgano encargado de resolver, atribuyéndole, para tal efecto, la facultad de hacer un nuevo examen completo; sin embargo, lo delimita a «los aspectos del asunto controvertido», hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones y que, en mérito a ella, solo se pueden modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos o para disminuirlos. Leer más

Aplicación de la Norma IX del Código Tributario para calificar a los edificios y construcciones

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La Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento no definen los términos «edificios» y «construcciones», por lo que, de conformidad con la Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, que señala que en lo no previsto por este código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Leer más

Si el mandato sin representación se ejecuta parcialmente, corresponde la (re)transferencia del inmueble a los mandantes

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Al declarar fundado el recurso de casación, la Corte Suprema (CS) explica que la sala superior soslayó la existencia de diversos medios probatorios que acreditan que los demandantes entregaron aportes de dinero a la demandada y le encargaron la compra de un inmueble en beneficio de ellos. Leer más

Nada impide que los herederos sigan con el proceso de divorcio iniciado por su causante

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Se impide la restitución del menor si el cambio implica un desarraigo que pueda afectar su aspecto psíquico

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El artículo 13 literal b) del «Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores» señala que, «no obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: (…) b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor» (sic). Leer más

Un pedido para declarar consentida una resolución evita caer en el abandono procesal

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Cuando la Corte Suprema (CS) revisa este proceso y advierte que el 24 de octubre del 2019 el recurrente presentó un escrito solicitando que se declare consentida la resolución número veintisiete (que dispuso prescindir de un medio probatorio requerido a la demandada y remitir los autos al Ministerio Público para la emisión del dictamen correspondiente), y que la sala superior consideró que no se trataba de un acto de impulso procesal. Leer más