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Gastos deducibles del Impuesto a la Renta | No son gastos preoperativos por expansión de actividades los gastos de ventas y administrativos vinculados con proyectos inmobiliarios en proceso

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Tribunal Fiscal | Impuesto a la Renta. El giro del negocio de la recurrente es la construcción de edificios completos y las actividades inmobiliarias que, en el marco de su actividad, registró contablemente gastos de ventas y administrativos vinculados con proyectos cuya construcción se había terminado en el ejercicio 2014 y, por ende, los departamentos no se habían entregados a sus adquirentes. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reparó los gastos administrativos y de ventas de los proyectos inmobiliarios que no se devengaron en el ejercicio 2014 por considerar que se trataba de gastos preoperativos por expansión de actividades.  Leer más

El concepto de persona, según la Corte Suprema: «todo aquel que dirige su destino a través de las expectativas normativas»

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En noviembre del 2016, la Corte Suprema (CS) se preguntaba lo siguiente:¿en qué consiste privar o restringir a otro de su libertad personal en el contexto de atribución o imputación normativa de este tipo penal? Según ella, «i) En principio, definir los contornos de la libertad personal con la finalidad de comprender en qué consiste el sustrato material y normativo de este, ha de realizarse, naturalmente, reflexionando referencialmente de la mano del concepto jurídico-normativo de persona, pues en él se asienta todo el sistema jurídico social, incluido el sistema de responsabilidad jurídico-penal. Entonces, persona, siguiendo la voz autorizada del penalista de Bonn, es todo aquel que dirige su destino a través de las expectativas normativas. ¿Qué significa esto?: que esta es titular de derechos y obligaciones y son determinados según una compresión libre del derecho. Leer más

La duplica del plazo de prescripción no es aplicable a los «extraneus»

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El cuarto párrafo del artículo 41 de la Constitución prescribe lo siguiente: «El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado». El Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116 (Fundamento 15) adoptó como doctrina legal vinculante (Fundamento 15) que, si el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos, es necesario que exista una vinculación directa entre estos. «Tal fundamento exige el concurso de tres presupuestos concretos: i) que exista una relación funcional entre el agente infractor especial del delito -funcionario o servidor público- y el patrimonio del Estado; ii) el vínculo del funcionario o servidor público con el patrimonio del Estado implica que este ejerza o pueda ejercer actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos; y, iii) puede servir como fuente de atribución de dicha posición y facultad funcional una orden administrativa y, por tanto, es posible que a través de una disposición verbal se pueda también transferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones concretas de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos al funcionario o servidor que originalmente por su nivel y facultades específicas no poseía» (sic). Leer más

El proceso de mejor derecho de propiedad es en realidad una acción declarativa de dominio

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La nueva conformación del Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) modificó la Resolución Ministerial N.° 024-2023-Vivienda para precisar que el Comité de Seguimiento de Inversiones está integrado por (a) el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien lo preside; (b) el secretario general o su representante; (c) el viceministro de Construcción y Saneamiento o su representante; (d) el viceministro de Vivienda y Urbanismo o su representante; (e) los titulares de los organismos públicos adscritos y entidades adscritas, o sus representantes; (f) el director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; (g) el director general de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto; (h) el director general de la Oficina General de Administración;  Leer más

Se equivoca el juez que argumenta que solo son apelables los medios de defensa planteados en la etapa intermedia si estos son declarados fundados en primera instancia

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Al revisar el caso, la Corte Suprema (CS) advierte que «el tribunal superior declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el procesado argumentando que conforme a lo dispuesto en el artículo 352, inciso 3, del Código Procesal Penal solo serán apelables las excepciones o los medios de defensa planteados en la etapa intermedia si tales son declarados fundados en primera instancia. Leer más

El fin del proceso penal por conclusión anticipada no impide a la parte agraviada promover una acción indemnizatoria en la vía civil

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Edición Extraordinaria: la inmovilización social obligatoria se extiende por 10 días más en Puno

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Con este decreto supremo, la inmovilización obligatoria en toda la región de Puno se prorroga por el término de 10 días calendario, a partir de mañana, miércoles 25 de enero. Se trata de la inmovilización social obligatoria de todos los ciudadanos de Puno, quienes deberán permanecer en sus domicilios. La medida aplica en toda la región Puno, desde las 20.00 a las 04.00 horas. Según el decreto, las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público. Leer más

El iura novit curia no permite al juez penal cambiar la pretensión determinada o incurrir en una resolución extra petita

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Contra la investigación preparatoria, incluido el periodo de diligencias preliminares, que conduce por el Ministerio Público (MP), solo proceden determinados remedios jurídico procesales taxativamente estipulados en el Código Procesal Penal, los que pueden ser planteados ante el juez de la investigación preparatoria; entre estos, la tutela de derechos, los controles del plazo, la admisión de medios de investigación rechazados por la fiscalía [vid.: artículos 71, apartado 4; 334, apartado 2; 337, apartado 5; 342, apartado 2; 343, apartado dos, del Código Procesal Penal]. Estos «remedios» pueden tener como efecto, según los casos, que se declare la ineficacia de determinadas disposiciones o diligencias fiscales o que se dicte una decisión sustitutiva u otra de corrección, enmienda o protección respecto del trámite seguido, sin que ello signifique inmiscuirse en la estrategia investigativa o afectar sus potestades reconocidas, entre otros, en el artículo 65 del Código Procesal Penal. Leer más

El principio de confianza no funciona cuando se trata de alcaldes y caudales públicos

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«[E]s deber del alcalde la custodia de los caudales públicos que se hallan bajo su administración, así como la tutela de los intereses del municipio que representa. Así, sobre él recae la posición de garante en relación con la municipalidad que representa. De igual modo, le corresponde el deber de controlar y supervisar, debido a su especial posición, que deriva de la Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, no es posible compatibilizar sus actuaciones con el principio de confianza en relación con los caudales de la municipalidad, pues existía un deber de garante que obligaba al alcalde a supervisar y cautelar los bienes de la referida municipalidad» (sic). Leer más