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Antes de contraponer los títulos que ostentan las partes, el juez debe determinar el área real materia de declaración de mejor derecho de propiedad

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Recuerda la Corte Suprema (CS) que la facultad de admitir pruebas de oficio, establecida en el artículo 194 del Código Procesal Civil y regulada en el X Pleno Casatorio Civil, implica que «el juez, sin subrogarse en el lugar de las partes y fundamentando su decisión, pueda incorporar al proceso suficientes elementos probatorios que le permitan emitir una decisión válida sobre el fondo de la controversia; en el presente caso, si bien se ha hecho uso de dicha facultad admitiendo el expediente administrativo de la unidad registral (…), Leer más

La corrección puede plantearse de oficio o a pedido de parte, y se resuelve sin trámite alguno

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La corrección de resoluciones judiciales consiste en la facultad del órgano jurisdiccional para modificar el contenido de una resolución después de haber sido notificada con el objeto de sanear errores materiales -sean numéricos u ortográficos-, o los puntos controvertidos no resueltos, referidos a aclaraciones o integraciones. La corrección puede plantearse de oficio o a pedido de parte y se resuelve sin trámite alguno (artículo 407 del Código Procesal Civil, en adelante CPC). Leer más

La Sunat no puede alegar que un gasto es no fehaciente y no causal a la vez

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El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta desarrolla lo que la doctrina especializada en derecho tributario denomina principio de causalidad, por el cual todos los gastos necesarios para la generación y mantenimiento de la fuente de rentas de tercera categoría gravadas con el impuesto son deducibles de la renta bruta, salvo cuando se haya previsto límites a la deducibilidad o se prohíba expresamente. Leer más

Las instancias judiciales pueden pronunciarse sobre si las ordenanzas municipales cumplen con los parámetros de validez para crear arbitrios

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En este caso, la Corte Suprema (CS) verifica que las instancias judiciales se han limitado a señalar que la resolución de la controversia consiste en un control de legalidad y reenviaron el expediente a la instancia del Tribunal Fiscal (TF) para que este órgano se vuelva a pronunciar; no obstante, en virtud de lo señalado por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, correspondía que las instancias judiciales se pronuncien sobre el fondo de la controversia y analicen la validez de las ordenanzas de números 501-MSS, 525-MSS, 545 y 569-MSS y, luego de ello, determinen si los cobros por arbitrios de parques y jardines de los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 eran o no indebidos. Leer más

La comisión de estructuración pagada a fin de obtener un préstamo bancario para adquirir un inmueble forma parte del costo

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Tras una rectificatoria, corresponde cobrar intereses moratorios a los pagos a cuenta del IR cuando no se efectuaron en la forma y el íntegro del monto que correspondía

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La Corte Suprema (CS) señala que el pago parcial o incompleto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) no podrá ser considerado oportuno desde que no logra extinguir la totalidad de lo adeudado dentro del plazo establecido legalmente, lo cual implica que el pago que pueda efectuar un contribuyente cuando haya realizado una liquidación errónea de la obligación tributaria al momento de calcularla no podrá servir para sostener que se cumplió con pagar lo adeudado al fisco en la oportunidad en que debía hacerlo, por no tratarse de un pago completo o integral. Leer más

La facultad de la Sunat para determinar la obligación aduanera y aplicar sanciones y exigir su pago no es simultánea, se trata de momentos diferentes e identificables

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De una interpretación sistemática de los artículos 43, 44, 45 y 46 del Texto Único Ordenado del Código Tributario; la Corte Suprema (CS) advierte que la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria (aduanera) y aplicar sanciones así como para exigir el pago de estas no acontece de forma simultánea, sino en dos momentos diferentes e identificables; por lo que el inicio del cómputo del plazo prescriptorio de ambas facultades es secuencial. Leer más

En aplicación de la Norma IX del CT, el incumplimiento de las normas de Produce no puede impedir que una empresa se acoja a los beneficios del Convenio PECO

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La Norma IX del Texto Único Ordenado del Código Tributario (CT) señala que en lo no previsto por dicho código o en otras normas tributarias podrá aplicarse normas distintas a las tributarias, siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen; en tal sentido, en el presente caso, la Corte Suprema (CS) resuelve que no corresponde invocar la aplicación de normas del Ministerio de la Producción (Produce), Leer más

CS: el cobro de intereses por la demora en resolver recursos impugnatorios a nivel administrativo contraviene el principio de capacidad contributiva

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Un gasto es deducible si cumple con el principio de causalidad y se demuestra documentariamente que corresponde a una operación real

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La Corte Suprema (CS) señala que, para que un gasto se considere deducible a efectos de determinar la renta neta de tercera categoría, necesariamente deberá cumplir con el denominado principio de causalidad que regula el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, a efectos de la deducción de los gastos, se debe demostrar que el desembolso efectuado por el bien o servicio adquirido efectivamente se produjo, esto es, acreditar con la documentación sustentatoria que el gasto corresponde a una operación real. Para la Corte, si bien la fehaciencia no es un elemento que se encuentre expresamente señalado en la Ley del Impuesto a la Renta para efectos de la deducción de los gastos, responde estrictamente a demostrar que el desembolso efectuado por el bien o servicio adquirido efectivamente se produjo, esto es, acreditar con la documentación sustentatoria que el gasto corresponde a una operación real. Leer más