Solo excepcionalmente se puede solicitar la exclusión de la prueba ilícita en etapa de investigación preparatoria

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Tal como sostiene el tribunal superior de este caso, la primera oportunidad para solicitar la exclusión de prueba ilícita es la etapa intermedia y su declaración, ya sea de oficio o a pedido de parte, puede realizarse también en la fase de juzgamiento e inclusive en sede recursal; «no obstante, de manera excepcional puede solicitarse exclusión de prueba ilícita en etapa de investigación preparatoria bajo el cumplimiento de ciertas condiciones; en efecto en el VI Pleno Jurisdiccional plasmado en el Acuerdo Plenario N.° 4-2010/CJ-116 contempla la posibilidad de solicitar vía tutela de derechos la exclusión de actos de investigación obtenidos ilícitamente; sin embargo, para este supuesto se necesita que los mismos estén sirviendo de base para medidas cautelares o sucesivos actos de investigación (…); precisándose en el citado acuerdo plenario que la posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva del reconocimiento del principio de legitimidad de la prueba-axioma que instruye que todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, negando efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona conforme lo disponen: los artículos VIII del Título Preliminar y 159 del CPP, precisándose que el juez no podrá utilizar directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona» (sic). Leer más

La declaración de una víctima menor de agresión sexual se recaba como prueba anticipada

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El artículo 242 del Código Procesal Penal precisa que la declaración de una menor víctima de agresión sexual se recaba como prueba anticipada (cfr., Decreto Legislativo N.° 1386, Ley N.° 30862, el fundamento 13 del Acuerdo Plenario N.° 5-2016/CJ-116 y el Protocolo de entrevista única para niños, niñas y adolescentes en cámara Gessel, aprobado por la Resolución Administrativa N.° 277-2019-CE-PJ). En el caso, la entrevista de la menor agraviada se recabó bajo la dirección del fiscal, pese a que se debió tramitar como prueba anticipada, por eso, no reúne los requisitos (constitucionales) indispensables para su validez. Leer más

La diferencia entre un modelo de tribunal de control de casos y uno de precedentes

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El ejercicio del atributo reivindicativo puede comprender también la posibilidad de recuperar la posesión del bien de aquel que incluso se atribuye derecho de propiedad

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Uno de los atributos del derecho de propiedad es la reivindicación, entendida inicialmente como la pretensión real destinada a conseguir la restitución de la posesión del bien, de la que se encuentra privado el propietario, de persona que solo tiene la calidad de poseedor; sin embargo, según resuelve la Corte Suprema (CS), «en virtud a que por su propia naturaleza el derecho de propiedad excluye la posibilidad de que otra persona alegue idéntico derecho sobre el mismo bien, el ejercicio del atributo reivindicativo puede comprender también la posibilidad de recuperar la posesión del bien de persona que incluso se atribuye derecho de propiedad» (sic). Leer más

La prueba del daño moral no puede someterse a las mismas exigencias que los daños de carácter económico

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Con el daño moral, según la Corte Suprema (CS), sucede que, si bien es de carácter subjetivo, su probanza no puede estar sometida a las mismas exigencias que los daños de carácter económico sino que el juez debe apreciarlos de manera razonada y prudencial. En el caso, con el artículo 1985 del Código Civil, la demandante pretende que se le pague la suma de 360 mil soles; sin embargo, para la corte, «(…) es obviamente excesivo, por lo que correspondiendo al juez fijar de manera prudencial el daño, debe tenerse en cuenta que lo que se ha dejado de pagar por la demandada fue mínimo y que no existe mayor documentación respecto a la existencia de un cuadro psicológico que revista mayor gravedad respecto al daño moral, por lo que se fija el monto en la suma de cinco mil soles» (sic). Leer más

La responsabilidad disciplinaria por una huelga se considera posterior a la resolución que declara agotada la vía administrativa

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La función persecutora del Ministerio Público no puede ser ligera ni minusválida, y el aforamiento no es una cápsula de protección absoluta

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Para la Corte Suprema (CS), el derecho a la verdad como garantía fundamental de la justicia material y la concreción del ius persequendi, como valor constitucional de la función fiscal, promueve que el Ministerio Público (MP) tenga la posibilidad de alcanzar todos los medios de convicción legítimos (constitucionales y legales) posibles para lograr que la sospecha inicial simple alcance a convertirse en sospecha suficiente e idónea para justificar una acusación en forma -si fuera el caso- o, por el contrario, archivar la causa por falta de justificación, alejada de cualquier atisbo de negligencia investigadora. Así, «antes de formalizar la investigación preparatoria contra cualquier persona, incluyendo un funcionario que hubiera tenido la condición de aforado, la fiscalía competente, en este caso, la Fiscalía Suprema Penal Especializada, está en la obligación de recabar toda la información pertinente para que la sospecha inicial simple que posee se convierta en sospecha reveladora que permita -si corresponde- tramitar la autorización procesal previa ante la Fiscalía de la Nación para una acusación en forma; o comunicar los ‘hallazgos casuales’ que pudieran comprender a los funcionarios aforados, o bien, archivar ese renglón investigador respecto a la persona cuya conducta se indaga como posiblemente punible, por falta de justificación de convicción (…). Leer más

La desvinculación es una institución procesal, una función con tintes de intromisión de la acusación fiscal

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La Corte Suprema (CS) explicó que «la desvinculación es una institución procesal que, bajo el argumento de la tan anhelada justicia eficiente, realiza una función con tintes de intromisión de la acusación fiscal, volviendo con ello la opción del juzgador, en una tercera opinión, en atención a que, en el proceso penal, subyacen dos partes antagónicas, el Ministerio Público y el procesado y su defensa. Si bien es inmutable el hecho punible imputado, es posible que el tribunal, de oficio y en aras del principio de contradicción y del derecho de defensa, pueda introducir al debate -plantear la tesis de desvinculación- la concurrencia tanto de una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal no incluida en la acusación que aumente la punibilidad -no una circunstancia de atenuación, en el que sólo rige la nota de tipos legales homogéneos: que sean de la misma naturaleza y que el hecho que los configuran sea sustancialmente el mismo, esto es, modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal- o justifique la imposición de una medida de seguridad, cuanto la modificación jurídica del hecho objeto de la acusación. Las denominadas ‘circunstancias modificativas’ son, como se sabe, elementos fácticos accidentales del delito, contingentes o no esenciales, que no pueden servir de fundamento al injusto o a la culpabilidad, cuya función es concretar con mayor énfasis la conducta de los individuos y precisar mucho más el grado de responsabilidad penal en orden a la determinación de la pena a imponer. Leer más

La presencia de una circunstancia atenuante genérica (no contar con antecedentes) permite fijar la sanción en el tercio inferior

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En este caso de homicidio, analiza la Corte Suprema (CS), no está en discusión que concurre a favor del procesado una circunstancia genérica de atenuación, que es la prevista en el literal a) del numeral 1 del artículo 46 del Código Penal, no contar con antecedentes penales. Sin embargo, «la única circunstancia agravante genérica para el ad quem, referida al medio empleado, en realidad importa, como señala el auto de calificación, una sobrevaloración de la agravante del lícito penal, pues esta se configura cuando el sujeto activo emplea medios o formas en la ejecución que tienden, directa y especialmente, a asegurar el homicidio, sin riesgo para su persona. Leer más

El despido durante la suspensión del periodo de prueba [un accidente laboral] deviene en un despido incausado

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Para la Corte Suprema (CS), «si bien el ordenamiento legal contenido en el artículo 10 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, prevé la figura legal del periodo de prueba como una facultad de la que pueden valerse los empleadores para poner fin al vínculo laboral, no obstante, en el caso de autos, se verifica que durante dicho periodo de prueba se produjo un accidente de trabajo que suspendió el contrato laboral del demandante, encontrándose el accionante con descanso médico, por lo que resulta evidente que el periodo de prueba de tres meses no debía transcurrir; en ese sentido, al efectivizarse el cese laboral del accionante por su empleadora durante dicho periodo de prueba, el mismo devino en un despido incausado» (sic). Leer más