Comunicar que hay acceso a redes no basta, la inmobiliaria debe informar las posibilidades reales de tener agua y desagüe

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Indecopi | Protección al Consumidor. Al resolver este caso, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi establece que, según lo estipulado en los artículos 76 y 78.2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, constituye información relevante que debe ser trasladada por la empresa inmobiliaria a los consumidores aquella referida a las reales posibilidades de prestación efectiva y regular de los servicios de agua y desagüe, y no solo la información correspondiente al acceso a redes. Esta información debe ser trasladada de manera previa a la suscripción del contrato e incorporada al mismo. Leer más

La facultad de la administración para determinar la obligación tributaria (aduanera), aplicar sanciones y exigir el pago de estas no acontece de forma simultánea

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En el caso, la fiscalización culminó con la notificación de las resoluciones de división (19 de octubre del 2016), donde se determinó la devolución del monto de lo indebidamente restituido en el régimen de «drawback» y la multa por la infracción administrativa prevista en el numeral 3 del inciso c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N.° 1053. Asimismo, de conformidad con el inciso 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, a partir del 20 de octubre del 2016 había empezado a computarse el plazo de prescripción de la acción de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para exigir el pago de la deuda contenida en dichas resoluciones. Así pues, cuando el contribuyente solicitó la prescripción en el escrito ampliatorio de su recurso de apelación, presentado el 12 de marzo del 2018, aún no había vencido el plazo prescriptorio establecido. Leer más

En la descarga de mercancía líquida a granel de biocombustibles, el depósito aduanero autorizado califica como punto de llegada

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Al revisar el caso, la Corte Suprema (CS) encuentra que, si bien la determinación de la infracción es objetiva y se sanciona con una multa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N.° 1053; en el caso, no ha quedado acreditada la comisión de la infracción aduanera tipificada en el numeral 9 del inciso c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, que señala que constituye infracción sancionable con multa el que los dueños, consignatarios o consignantes retiren las mercancías del punto de llegada sin autorización de la autoridad aduanera. Leer más

CS explica la naturaleza de los intereses moratorio asociados a las deudas tributarias

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Los intereses moratorios tienen naturaleza indemnizatoria, puesto que su objeto es resarcir al Estado por el retraso en el cumplimiento de una obligación. No obstante, en materia tributaria, su finalidad no solo la mencionada, ya que, también, busca fortalecer la puntualidad y corrección en el cumplimiento del pago de los tributos, pues más que suplir la pérdida del poder adquisitivo del dinero dejado de pagar, busca resguardar los recursos del Estado contra los riesgos de morosidad o de falta de pago de los tributos por parte de los contribuyentes, compensando al Estado por el costo de oportunidad que representa el no contar oportunamente con el pago de los tributos. Leer más

Sin opiniones divergentes | Magdalena del Mar ordena que todos los proyectos de vivienda de interés social respeten lo establecido por Lima

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El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, concordado con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, potestad que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Por su parte, el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 006-2017-Vivienda, señala que las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para aprobar proyectos de habilitación urbana y de edificación. Leer más

Nuevos directores para las oficinas de Asesoría Jurídica y de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

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El Gobierno oficializa la designación de Renato Adrián Delgado Flores en el cargo de director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y de Violeta Marisol Oliveros Sotomayor en el cargo de directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social de la Secretaría General del mismo ministerio. [MVCS, R. M. 414-2023-Vivienda, R. M. 416-2023-Vivienda, 25/09/2023] Leer más

Maximizar la transparencia | Ley que regula la ejecución de obras por administración directa a nivel nacional

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Este último sábado 23 de setiembre del 2023, se oficializó la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, que promueve un uso correcto, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado, para alcanzar los objetivos institucionales de las entidades y los fines públicos para los cuales está prevista cada obra pública. Se trata de la Ley N.° 31876, norma que establece, en el marco de la ejecución de estas obras, que está prohibida la adquisición, bajo cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra. El Sistema Nacional de Control realiza el control concurrente sobre la ejecución de inversiones con componentes de infraestructura por administración directa, priorizando la utilización de herramientas tecnológicas para su fiscalización, conforme con la normativa establecida por la Contraloría. Según el artículo 8° de la ley, la entidad, previamente a la aprobación de la ejecución de obra por administración directa, a través del órgano o unidad orgánica responsable, emite un informe técnico en el que sustenta y evidencia que cuenta con lo siguiente: Leer más

Antes de contraponer los títulos que ostentan las partes, el juez debe determinar el área real materia de declaración de mejor derecho de propiedad

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Recuerda la Corte Suprema (CS) que la facultad de admitir pruebas de oficio, establecida en el artículo 194 del Código Procesal Civil y regulada en el X Pleno Casatorio Civil, implica que «el juez, sin subrogarse en el lugar de las partes y fundamentando su decisión, pueda incorporar al proceso suficientes elementos probatorios que le permitan emitir una decisión válida sobre el fondo de la controversia; en el presente caso, si bien se ha hecho uso de dicha facultad admitiendo el expediente administrativo de la unidad registral (…), Leer más

La corrección puede plantearse de oficio o a pedido de parte, y se resuelve sin trámite alguno

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La corrección de resoluciones judiciales consiste en la facultad del órgano jurisdiccional para modificar el contenido de una resolución después de haber sido notificada con el objeto de sanear errores materiales -sean numéricos u ortográficos-, o los puntos controvertidos no resueltos, referidos a aclaraciones o integraciones. La corrección puede plantearse de oficio o a pedido de parte y se resuelve sin trámite alguno (artículo 407 del Código Procesal Civil, en adelante CPC). Leer más

La Sunat no puede alegar que un gasto es no fehaciente y no causal a la vez

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El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta desarrolla lo que la doctrina especializada en derecho tributario denomina principio de causalidad, por el cual todos los gastos necesarios para la generación y mantenimiento de la fuente de rentas de tercera categoría gravadas con el impuesto son deducibles de la renta bruta, salvo cuando se haya previsto límites a la deducibilidad o se prohíba expresamente. Leer más