Los intereses pagados a una empresa no domiciliada se gravan con el IGV

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La empresa que ha utilizado el servicio de crédito de un sujeto no domiciliado está afecta al pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), de conformidad con lo previsto en la norma del inciso b) del artículo 1° del TUO de la Ley del Impuesto General a la Ventas (LIGV), que establece que se encuentra gravada con el impuesto, la utilización de servicios en el país. Leer más

Los jueces de casación actúan no como jueces del proceso, sino como jueces de la sentencia

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Cuando se impugnan sentencias de apelación, el control de casación sobre la valoración probatoria, según explica la Corte Suprema (CS), es limitado. «En estos supuestos, los motivos de la disidencia no pueden consistir en la reiteración de los argumentos impugnativos puntualizados ante el tribunal de segunda instancia, sino que han de versar sobre la motivación de la sentencia de segundo grado, en lo relativo a la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Leer más

Los ingresos por intereses en suspenso se consideran devengados siempre que sea probable que ingresen a la esfera patrimonial del contribuyente

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En virtud del criterio del devengado, las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en el que ocurran siempre que exista la probabilidad de que ingresen a la empresa. En el caso de los intereses en suspenso, la Corte Suprema (CS) entiende que existe incertidumbre respecto a que los mismos fluyan hacia la entidad bancaria, por lo que se considerarán devengados cuando sea probable que ingresen a la esfera patrimonial del contribuyente. Leer más

Para fines de la deducción de pérdidas extraordinarias, la inutilidad de ejercer acción judicial la declara el fiscal

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La interpretación correcta del artículo 37 del inciso d) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, que regula los gastos deducibles por pérdidas extraordinarias, según la Corte Suprema (CS), consiste en que, para demostrar la inutilidad de ejercer la acción judicial, la prueba principal lo constituye la declaración de inutilidad efectuada por el fiscal como titular de la acción penal por mandato constitucional. Leer más

Es indebido condicionar la imposición de una comparecencia restrictiva a un requerimiento primigenio de prisión preventiva

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La comparecencia simple está prevista en el artículo 286 del CPP; y la comparecencia restrictiva, en el artículo 287 del código adjetivo. Tal como explica la Corte Suprema (CS), «la imposición de esta forma de comparecencia en el proceso penal está condicionada a la existencia de un peligro procesal -peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad- de menor intensidad que la requerida para la imposición de una prisión preventiva, esto es, la existencia de un peligro de mediana intensidad, toda vez que, ante la inexistencia de esta, queda fuera de toda duda que el juzgador impondría comparecencia simple» (sic). Leer más

La Ley del Impuesto a la Renta no establece una depreciación diferenciada para los componentes de los edificios

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La demandante de este caso, al realizar una depreciación diferenciada de su inmueble, consideró que determinados activos (escaleras eléctricas, ascensores, puertas levadizas, sistemas de iluminación, entre otros) calificaban como «otros bienes del activo fijo» y debían ser depreciados con la tasa del 10 % y no la del 5 % correspondiente a «edificios y construcciones». Leer más

La deducción del gasto por desmedro de existencias | Vulnera la reserva de ley el requisito de comunicar a la Sunat antes de destruir los bienes frente al notario

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El inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) señala como gasto deducible para la determinación de la renta neta de tercera categoría los desmedros de existencias debidamente acreditados, sin establecer algún requisito adicional como sí sucede con otros gastos que contienen determinados límites o restricciones. Por su parte, el literal c) del artículo 21 del Reglamento de la LIR establece que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) aceptará como prueba la destrucción de los bienes efectuada ante notario público o juez de paz, a falta de aquel, pero siempre que se le comunique previamente, en un plazo no menor de seis días hábiles anteriores a la fecha en que se realice la destrucción. Leer más

Tarjeta

Generan crédito fiscal al 100 % todas las adquisiciones destinadas a la construcción del inmueble cuya primera venta estará gravada con el IGV

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Tribunal Fiscal | IGV. Sobre el uso del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV), de la revisión del Registro de Compras de la recurrente dedicada a la actividad de la construcción, el Tribunal Fiscal (TF) señala que las compras de cemento, pintura, clavos, bisagras, entre otros, se destinaron a operaciones gravadas, pues sirvieron para edificar los departamentos que posteriormente fueron vendidos, operación que está gravada con el IGV, conforme con lo señalado en el inciso d) del artículo 1° de la Ley del IGV, por lo que correspondía el uso del 100 % del crédito fiscal de tales adquisiciones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del IGV. Leer más

Si el recurrente se encuentra fugado de la justicia, el que indique documentalmente una dirección domiciliaria no es ninguna garantía de arraigo

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  Al revisar el caso, la Corte Suprema (CS) aprecia que los elementos nuevos aportados por la defensa técnica del encausado no constituyen datos que enerven el peligro de fuga, y «el indicar documentalmente una dirección domiciliaria no es ninguna garantía de arraigo, si el recurrente se encuentra fugado de la justicia y, por tanto, inubicable; se impone la realidad de los hechos frente a los documentos, tanto más si contra el encausado no se efectivizó la prisión preventiva, con lo cual se afectó plenamente el curso regular del proceso penal. Asimismo, no hubo sujeción a las disposiciones judiciales y la fuga se materializó con nitidez. Leer más

No habrá nulidad si se emiten dos sentencias, una sobre la responsabilidad penal y otra sobre la responsabilidad civil

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El artículo 399 del Código Procesal Penal señala que la sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil. En la misma línea, el artículo 92 del Código Penal establece que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Para la Corte Suprema (CS), estas normas establecen que «lo ideal es que la pena y la reparación civil deberían determinarse en una sola resolución, pues, conforme se ha señalado en el Acuerdo Plenario N.° 04-2019/CIJ116, la acción civil ex delito procura reparar el daño causado por la comisión del hecho delictivo, además de ello busca evitar un doble trabajo y decisiones contradictorias (…). Leer más