La Corte Suprema recuerda desde cuándo se inicia el plazo de caducidad del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
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Ninguna municipalidad puede fijar un plazo mayor al que establece la ley para mantener vigente su facultad sancionadora
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Valoración de la testimonial de la víctima de violación sexual: «no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales»
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La presunción «iure et de iure» del artículo 161 de la Ley General de Minería afecta el derecho de defensa
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La revisión no es un recurso impugnatorio, sino un procedimiento especial: la prueba nueva en un caso falso de violación sexual
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El perito que realizó el nuevo examen médico legal indicó que con relación a la hipotonía del ano se refiere a que es laxo, lo que puede derivar en varias conclusiones que, en el caso concreto, del examen, no se visualizó la presencia de cicatrices -los pliegues eran normales-; que, por ello, la hipotonía no es un indicador concluyente para determinar el acto sexual. Sobre el ano infundibuliforme, el médico señala que es una descripción anatómica, y por ello no se considera como un indicativo concluyente; para que sea concluyente, se requiere la presencia de cicatrices -si es antiguo- o lesiones recientes. Sobre el colposcopio, señala que no se utiliza para ver la región anal, sino solo la parte del himen. Leer más
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Un juez que cumple las reglas restrictivas establecidas por la pandemia no demuestra inclinación para favorecer la pretensión de alguna de las partes
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En este caso, que se dio durante las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, el abogado manifestó que la agraviada debía estar en las instalaciones del Poder Judicial (PJ) en compañía de la psicóloga de forma presencial y no virtual. Para la Corte Suprema (CS), «resulta manifiesto que lo alegado por el recurrente no constituye una causal para fundar una recusación, no solo porque no se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el artículo 29 del C de PP; sino también porque no se ha explicado con coherencia y claridad de qué manera la afirmación del magistrado acerca del contexto sanitario en que no era necesario que la agraviada y la psicóloga estén físicamente juntas para que la primera preste su declaración en el juicio, constituiría una presunta inclinación del juez superior para favorecer la pretensión de alguna de las partes (…). Leer más
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No es reincidente quien está cumpliendo la pena y se halla dentro del centro penitenciario
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En este caso de tráfico ilícito de drogas, determinación de la pena y circunstancia agravante cualificada de reincidencia, la Corte Suprema (CS) resuelve lo siguiente: «II. Se relieva que, con carácter previo, James (…) se encontraba cumpliendo carcelería en el establecimiento penitenciario de Picsi por el delito de robo agravado, se le aplicó la pena de nueve años de privación de libertad, que vencerá el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Esto evidencia que estaba recluido el día de la ejecución del ilícito de tráfico de drogas, el once de junio de dos mil diecinueve. Es decir, no había dejado de cumplir la pena ni se encontraba fuera del centro penitenciario. De este modo, según la línea jurisprudencial enunciada, no debe ser calificado como reincidente (…). Leer más
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En una cancelación del registro de marca, el derecho de defensa y de contradicción se garantizan incluso notificando vía edicto
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Efectivamente, a efectos de garantizar desde el inicio del procedimiento de cancelación del registro el derecho de defensa y de contradicción de la parte demandante, en el caso, «correspondía que Indecopi le notifique la solicitud de cancelación vía edicto, conforme la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 72 del Decreto Legislativo N.° 1075» (sic). Leer más
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Ocho criterios que el Indecopi debe considerar para determinar la sanción y graduar la multa
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La Corte Suprema (CS) recuerda que, «si bien el Indecopi cuenta con la facultad de imponer sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial, esta facultad debe someterse a ciertos límites, que son los establecidos por los artículos 120 y 121 del Decreto Legislativo N.° 1075, en mérito a los cuales para determinar la sanción y graduar la multa la autoridad administrativa debe tener en consideración los criterios de beneficio ilícito real, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y el alcance del acto infractor, los efectos del acto infractor, la duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia y la mala fe en la comisión del acto infractor» (sic). En los detalles de este proceso, si bien de acuerdo con los antecedentes del presente caso, la mercadería infractora fue incautada por Aduanas, «ello no implica que no se hubiese cometido la infracción administrativa consistente en usar signos idénticos a las marcas registradas por Puma SE para identificar productos a ser comercializados sin consentimiento del titular, vulnerándose así sus derechos de exclusiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 inciso d) de la Decisión N.° 486. Por lo tanto, las alegaciones planteadas por el actor no resultan suficientes para modificar lo decidido por la instancia administrativa (…). Leer más
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Una pretensión de otorgamiento de escritura pública que se plantee vía reconvención en un proceso de reivindicación no tendrá conexión
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A nivel de casación, la Corte Suprema (CS) determinó que, «para poder plantear una reconvención la misma debe tener conexidad con la demanda interpuesta, ello, de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 445 del Código Procesal Civil; de esa manera, una pretensión de otorgamiento de escritura pública que se plantee vía reconvención, en un proceso de reivindicación, no tiene conexión de acuerdo al objetivo de cada una de dichas pretensiones» (sic). Sobre la reconvención, «se puede decir que, es aquella institución que contiene una pretensión autónoma del demandado dirigido contra el actor, que guarda conexidad con la pretensión que esta invocada en la demanda, pero no la contradice. No se plantea aparte sino dentro del mismo proceso, lo cual implica que tanto el demandante como el demandado originario tenga a la vez la categoría procesal contraria, y además está autorizada por razones de economía procesal, para evitar un doble litigo entre las mismas partes tal y conforme lo señala el artículo 445 del Código Procesal Civil. Leer más
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