Método de valoración: Sunat puede otorgar plazo de hasta un año al importador para que presente la información complementaria sobre el procedimiento de duda razonable
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La facultad de la administración para determinar la obligación tributaria (aduanera), aplicar sanciones y exigir el pago de estas no acontece de forma simultánea
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En el caso, la fiscalización culminó con la notificación de las resoluciones de división (19 de octubre del 2016), donde se determinó la devolución del monto de lo indebidamente restituido en el régimen de «drawback» y la multa por la infracción administrativa prevista en el numeral 3 del inciso c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N.° 1053. Asimismo, de conformidad con el inciso 7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, a partir del 20 de octubre del 2016 había empezado a computarse el plazo de prescripción de la acción de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para exigir el pago de la deuda contenida en dichas resoluciones. Así pues, cuando el contribuyente solicitó la prescripción en el escrito ampliatorio de su recurso de apelación, presentado el 12 de marzo del 2018, aún no había vencido el plazo prescriptorio establecido. Leer más
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En la descarga de mercancía líquida a granel de biocombustibles, el depósito aduanero autorizado califica como punto de llegada
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Al revisar el caso, la Corte Suprema (CS) encuentra que, si bien la determinación de la infracción es objetiva y se sanciona con una multa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N.° 1053; en el caso, no ha quedado acreditada la comisión de la infracción aduanera tipificada en el numeral 9 del inciso c) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, que señala que constituye infracción sancionable con multa el que los dueños, consignatarios o consignantes retiren las mercancías del punto de llegada sin autorización de la autoridad aduanera. Leer más
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CS explica la naturaleza de los intereses moratorio asociados a las deudas tributarias
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Los intereses moratorios tienen naturaleza indemnizatoria, puesto que su objeto es resarcir al Estado por el retraso en el cumplimiento de una obligación. No obstante, en materia tributaria, su finalidad no solo la mencionada, ya que, también, busca fortalecer la puntualidad y corrección en el cumplimiento del pago de los tributos, pues más que suplir la pérdida del poder adquisitivo del dinero dejado de pagar, busca resguardar los recursos del Estado contra los riesgos de morosidad o de falta de pago de los tributos por parte de los contribuyentes, compensando al Estado por el costo de oportunidad que representa el no contar oportunamente con el pago de los tributos. Leer más
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La corrección puede plantearse de oficio o a pedido de parte, y se resuelve sin trámite alguno
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La corrección de resoluciones judiciales consiste en la facultad del órgano jurisdiccional para modificar el contenido de una resolución después de haber sido notificada con el objeto de sanear errores materiales -sean numéricos u ortográficos-, o los puntos controvertidos no resueltos, referidos a aclaraciones o integraciones. La corrección puede plantearse de oficio o a pedido de parte y se resuelve sin trámite alguno (artículo 407 del Código Procesal Civil, en adelante CPC). Leer más
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La Sunat no puede alegar que un gasto es no fehaciente y no causal a la vez
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El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta desarrolla lo que la doctrina especializada en derecho tributario denomina principio de causalidad, por el cual todos los gastos necesarios para la generación y mantenimiento de la fuente de rentas de tercera categoría gravadas con el impuesto son deducibles de la renta bruta, salvo cuando se haya previsto límites a la deducibilidad o se prohíba expresamente. Leer más
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Causalidad: la depreciación de vehículos se acepta si se sustenta con documentos su uso en las actividades de construcción
Tribunal Fiscal | Impuesto a la Renta. La recurrente de este caso sostiene que la causalidad del gasto de la depreciación de vehículos, observado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), está acreditada, pues las unidades se destinaron exclusivamente para producir y mantener la fuente generadora de renta, toda vez que los usó su personal para actividades de supervisión de las obras en construcción, trasladar a los gerentes e ingenieros a los lugares donde se encontraban en venta terrenos que podían ser adquiridos por la empresa y para el traslado de los clientes en las visitas a los proyectos inmobiliarios ofrecidos en venta, siendo esta última acción una práctica común en el rubro de las actividades de construcción, por lo que era necesario contar con los vehículos y su depreciación, en consecuencia, es un gasto deducible. De acuerdo con el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y las RTF 05510-8-2013, 10673-1-2013, 01275-2-2004 y 4807-1-2006, el Tribunal Fiscal (TF) señala que a fin de que un gasto sea deducible para efectos el Impuesto a la Renta se debe cumplir con el «principio de causalidad», que es la relación existente entre el egreso y la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora; es decir, todo gasto debe ser necesario y vinculado con la actividad que se desarrolla. Además, el análisis de la causalidad se hará considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Leer más
Proponer dos demandas de divorcio sustentadas en causales independientes es una estrategia legal válida
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En el caso concreto, en la sentencia impugnada, la Corte Suprema (CS) encuentra que «se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la parte demandante, por cuanto, se aprecia que la decisión de vista ahora impugnada se sustenta, esencialmente, en que el demandante propuso dos demandas de divorcio; sin embargo, este colegiado supremo estima que la sala superior no ha asumido correctamente su responsabilidad de examinar de manera razonada las pretensiones postuladas por dicha parte y las ha desechado de plano, sin razón válida y sin merituación alguna. Leer más
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Las instancias judiciales pueden pronunciarse sobre si las ordenanzas municipales cumplen con los parámetros de validez para crear arbitrios
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En este caso, la Corte Suprema (CS) verifica que las instancias judiciales se han limitado a señalar que la resolución de la controversia consiste en un control de legalidad y reenviaron el expediente a la instancia del Tribunal Fiscal (TF) para que este órgano se vuelva a pronunciar; no obstante, en virtud de lo señalado por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, correspondía que las instancias judiciales se pronuncien sobre el fondo de la controversia y analicen la validez de las ordenanzas de números 501-MSS, 525-MSS, 545 y 569-MSS y, luego de ello, determinen si los cobros por arbitrios de parques y jardines de los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 eran o no indebidos. Leer más
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La comisión de estructuración pagada a fin de obtener un préstamo bancario para adquirir un inmueble forma parte del costo
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