El permiso de pesca es un intangible de duración limitada: Impuesto a la Renta

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La Ley General de Pesca y su reglamento regulan de manera expresa que los permisos de pesca son de plazo determinado, es decir, son derechos administrativos de duración limitada, debido a que el legislador ha establecido supuestos para mantener su vigencia. Así, pues, para la Corte Suprema (CS), Leer más

El derecho de defensa no se ve afectado ni se contraviene el artículo 127 del CT si es el propio contribuyente quien modifica el sustento de los reparos

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El artículo 127 del Texto Único Ordenado del Código Tributario establece y regula la facultad de reexamen del órgano encargado de resolver, atribuyéndole, para tal efecto, la facultad de hacer un nuevo examen completo; sin embargo, lo delimita a «los aspectos del asunto controvertido», hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones y que, en mérito a ella, solo se pueden modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos o para disminuirlos. Leer más

Cómputo del plazo de caducidad de la acción contenciosa administrativa del propietario afectado por una transmisión sin su consentimiento solo se define sin hacer valer la presunción del artículo 2012 del Código Civil

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En línea con lo resuelto por el Tribunal Constitucional (ver Información relacionada), la Corte Suprema (CS) entiende que «el artículo 2012 del Código Civil que contiene el principio de publicidad registral es de aplicación limitada para el adquiriente en el tráfico de bienes y derechos, es decir si bien resulta oponible erga omnes, no es aplicable a toda ocasión. En ese sentido si bien el contenido de cada inscripción registral existente, se extiende a toda persona en el tráfico de bienes y derechos, por cuanto las personas adquirentes están en la obligación de conocer el contenido de las inscripciones registrales vinculadas al bien de su interés; la presunción no alcanza al titular de un bien o derecho registrable, por cuanto extendiendo ello a esta situación significaría imponerles una carga permanente de conocer el contenido exacto del estado de las inscripciones de su titularidad, afectando su seguridad jurídica, situación innecesaria a la finalidad de la institución registral que es favorecer el tráfico lícito de los bienes. Leer más

Aplicación de la Norma IX del Código Tributario para calificar a los edificios y construcciones

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La Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento no definen los términos «edificios» y «construcciones», por lo que, de conformidad con la Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, que señala que en lo no previsto por este código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Leer más

Si el mandato sin representación se ejecuta parcialmente, corresponde la (re)transferencia del inmueble a los mandantes

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Al declarar fundado el recurso de casación, la Corte Suprema (CS) explica que la sala superior soslayó la existencia de diversos medios probatorios que acreditan que los demandantes entregaron aportes de dinero a la demandada y le encargaron la compra de un inmueble en beneficio de ellos. Leer más

El reconocimiento de una unión de hecho exige evaluar de forma precisa y exhaustiva los medios probatorios admitidos al demandado

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En este caso, el supremo tribunal aprecia que, en la recurrida, la sala superior no cumplió con valorar los medios probatorios de acuerdo con el principio establecido en la norma del artículo 197 del Código Procesal Civil ni con la jurisprudencia constitucional citada (Expediente N.° 0195-2012-PA-TC), pues no consignó de manera precisa y exhaustiva un análisis conjunto de los medios probatorios admitidos al demandado; Leer más

Nada impide que los herederos sigan con el proceso de divorcio iniciado por su causante

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Se impide la restitución del menor si el cambio implica un desarraigo que pueda afectar su aspecto psíquico

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El artículo 13 literal b) del «Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores» señala que, «no obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: (…) b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor» (sic). Leer más

Un pedido para declarar consentida una resolución evita caer en el abandono procesal

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Cuando la Corte Suprema (CS) revisa este proceso y advierte que el 24 de octubre del 2019 el recurrente presentó un escrito solicitando que se declare consentida la resolución número veintisiete (que dispuso prescindir de un medio probatorio requerido a la demandada y remitir los autos al Ministerio Público para la emisión del dictamen correspondiente), y que la sala superior consideró que no se trataba de un acto de impulso procesal. Leer más

El método de imitación servil al peritar la firma del supuesto vendedor puede justificar la aplicación de la nulidad manifiesta

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En el caso, si bien es cierto que en la minuta de compraventa, de fecha 15 de marzo del 2011, se advierten las rúbricas del vendedor y de los compradores por la adquisición de un terreno de naturaleza rústica, no es menos cierto que, conforme con la pericia grafotécnica de fecha 4 de setiembre del 2017, se concluyó que la firma del supuesto vendedor en la referida minuta es una firma falsificada por el método de imitación servil. Leer más