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El Formulario de Renta Anual de una inmobiliaria denunciada es información reservada, y no resulta necesaria la existencia de un «resumen no confidencial»

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Indecopi | Inmobiliario. Entre los temas que la Sala del Indecopi resolvió en este caso figura uno relacionado con la confidencialidad del reporte tributario aportado como medio probatorio por la inmobiliaria denunciada. En el detalle, la inmobiliaria presentó una copia de su Formulario de Renta Anual 2022 y, ante ello, la sala determinó de oficio el carácter de confidencial, ya que constituye información sensible de la persona jurídica, cuya reserva –al ser una declaración realizada ante la Administración Tributaria– ha sido reconocida en el artículo 85 del Código Tributario. Además, en atención a la naturaleza de tal información, la sala indica que no resulta necesaria la existencia de un «resumen no confidencial»; por lo que, dicho requisito no sería aplicable. Por otro lado, en cuanto al plazo durante el cual debe mantenerse la confidencialidad de la información tributaria presentada por la denunciada, la sala consideró que debe ser otorgada por plazo indefinido. Lo decidido por el Indecopi se ampara en el artículo 3°.6 de la Directiva 001-2008-TRI-Indecopi. En otro extremo, la sala recuerda el deber que tienen los proveedores de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo; así como, para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. Asimismo, el artículo 2°.2 del Código de Protección de Defensa del Consumidor dispone que la información brindada deberá ser veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible al consumidor o usuario. (Pres. Hernando Montoya Alberti) [Indecopi, R. 2743-2025-SPC-Indecopi, 1/09/2025] Leer más

Juez recusado no puede resolver una sustitución de caución por fianza personal

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En el caso, si bien la audiencia de sustitución de caución por fianza personal se llevó a cabo el trece de marzo de dos mil veinticinco -cuatro meses después de la respectiva solicitud-, es de tener en cuenta que, estando la causa al voto, la Fiscalía recusó al juez superior de la causa el quince de mayo de dos mil veinticinco, quien sin proveer la recusación se pronunció sobre la solicitud del imputado con fecha nueve de junio del año en curso. «Más allá de que cuando emitió la resolución recurrida ya no se encontraba en el ejercicio del Juzgado Superior de la Investigación Preparatoria, de suerte que podría invocarse el artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que autoriza la emisión del voto aun en caso de cese del cargo, es de rigor tener presente la concordancia de los artículos 52 y 59 del CPP, en cuya virtud solo podía resolver sobre la libertad o privación de la libertad del imputado, así como actuar diligencias de carácter urgente e irrealizables ulteriormente o que no permitan ninguna prórroga. Leer más

La consecuencia inmediata de la extensión de la jornada de trabajo es el incremento de la remuneración

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  Lo determinante para que un concepto califique o no como complemento no es su denominación, sino su naturaleza. Los complementos remunerativos deben ser fijados en función a «circunstancias personales del trabajador» o «al trabajo realizado y resultados de la empresa» (bonificaciones por eficiencia, por ejemplo), pues, de lo contrario, esto es, de no calzar dentro de dichos supuestos, el concepto otorgado se entenderá parte del salario base o remuneración principal (o básica), independientemente de su denominación. Ahora, según anota la Corte Suprema, sobre los efectos de la extensión de la jornada de trabajo en la remuneración, «cuando en un centro de trabajo la jornada instaurada es inferior a la jornada máxima, el empleador puede unilateralmente extenderla hasta dicho límite, empero deberá también incrementar la remuneración en función al tiempo adicional. Así lo establece el artículo 3° de la LJT (…). Leer más

Juez que extraiga conclusiones en contra de las partes atendiendo a su conducta en el proceso debe verificar la coexistencia de tres requisitos

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Al evaluar los actuados de este caso, la Corte Suprema (CS) encuentra justificada la observación de la empresa recurrente, dado que la sala superior «no ha realizado un correcto análisis al estimar el reintegro de remuneraciones otorgando por presunción al trabajador el pago por 100 toneladas mensuales de productos industriales para el agro y otros (soya, urea sulfato, fosfato etc.) materia de traslado. En efecto, en la referida sentencia de vista no se advierte explicación lógica y congruente con la prueba actuada en el proceso, cuando realiza dicho cálculo al no haber cumplido con fundamentar en cual medio probatorio se encuentra establecida las alegadas cantidades en toneladas en cuyo traslado habría intervenido la parte demandante; o el proceso para determinar cómo razonables las 100 toneladas de productos industriales, es decir; cual es el razonamiento lógico para llegar a esa conclusión, que variables considera para llegar a dicha conclusión, más aún si en el proceso no existe los reportes y/o cuadernos de registro de control de la cantidad de productos trasladados mensualmente por el demandante y se verifica en las boletas de pago que los mismos eran por días y horas variables en cada mes de labores (…). Asimismo, cabe precisar que el juez está facultado para extraer conclusiones en contra de las partes atendiendo a su conducta en el proceso, sobre todo cuando alguna de ellas ha obstaculizado la actividad probatoria; sin embargo, esta facultad no es absoluta, puesto que el magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la presunción legal, la cual deberá ser aplicada bajo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Leer más

La prescripción impide que Sunat emita resoluciones de determinación sobre ejercicios prescritos, aun cuando su importe sea cero

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La nueva doctrina jurisprudencial de la CS para resolver las casaciones amparadas en alguna vulneración al debido proceso

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Sobre el debido proceso, la Corte Suprema (CS) estableció como doctrina jurisprudencial el criterio siguiente: «Se considerará que existe inobservancia del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que consagra el derecho al debido proceso, cuando la resolución expedida por la sala superior adolezca de los defectos siguientes:
1. Exista inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal, especialmente las consignadas en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú.
2. Carezca de fundamentos de hecho.
3. Carezca de fundamentos de derecho.
4. Adolezca de manifiesta ilogicidad de la motivación.
5. Carezca de motivación conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
6. Inobserve normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad, debiendo tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 171 del Código Procesal Civil.
7. Se fundamente en hechos falsos, pruebas inexistentes, leyes supuestas o derogadas u otros vicios que resulten de su propio tenor.
8. Se aparte de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional a que se refiere el Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley N.° 31307.
9. Se aparte de la Doctrina Jurisprudencial de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declarada expresamente como tal, conforme al artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por el Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, sin expresar motivación alguna para dicho apartamiento.
10. Se aparte del precedente vinculante de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitido conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley N.° 29497, sin justificar o motivar dicho apartamiento. Leer más

La inmunidad de juzgamiento y de detención o restricción de derechos requiere ineludiblemente el levantamiento del aforamiento por parte del Congreso

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La Suprema a la Sunafil: el derecho a una notificación adecuada forma parte del debido procedimiento

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Es válido que la Sunat solicite información de periodos prescritos para verificar su incidencia tributaria en periodos no prescritos

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Atención con las tercerías | ¿Desde cuándo se determina que culmina la construcción de un inmueble?

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Jurisprudencia | Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. En este caso, según la administración no procedía la tercería de propiedad debido a que, si bien la recurrente había celebrado un contrato de bien futuro en relación al predio, la partida registral en la que se inscribió el inmueble registra como titular a la empresa (…) y no a la recurrente. El Tribunal Fiscal (TF) concluye que, previamente a la suscripción del contrato de compraventa, el bien inmueble ya tenía existencia considerando la conformidad de obra que da cuenta de la culminación de la construcción, por lo que se desprende que la recurrente adquirió la titularidad del bien con la suscripción del referido contrato; situación que, para efectos de la tercería puede corroborarse a la fecha de otorgamiento de la escritura pública por parte del notario público; por lo tanto, se encuentra acreditado en autos que el bien embargado fue adquirido por la recurrente con anterioridad a la medida cautelar trabada por la administración. En este sentido, el tribunal dispone que la administración proceda al levantamiento de la medida cautelar de embargo en forma de inscripción trabada sobre dicho inmueble. (V. P. Muñoz García) [TF, RTF 04026-7-2025, 5/05/2025] Leer más