Solo una vez satisfechas las necesidades personales y las cargas familiares del obligado, es posible exigirle el cumplimiento de la obligación alimenticia
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Vender licor a un menor de edad vulnera la garantía legal establecida en el ordenamiento vigente (deber de idoneidad)
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El artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que por el deber general de seguridad los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes. En este caso, se denuncia el expendio de bebidas alcohólicas a la hija del denunciante, pese a ser una menor de edad, atentando contra su tranquilidad y la salud pública. El reglamento de la Ley N.° 26681, Ley que regula a la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, señala que está prohibida la venta, distribución, expendio y suministro de bebidas alcohólicas, a título oneroso o gratuito, a menores de 18 años. Leer más
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La tutela de derechos tiene una finalidad protectora del imputado, pero no toda afectación se puede reclamar a través de ella
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Quien en su calidad de parte acusada se ve sometido al aparato estatal durante la investigación del delito a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP), «que por el especial papel que desempeñan en la lucha contra la criminalidad, en ciertos casos, incurren en excesos o negligencias, las cuales no pueden adjudicarse gratuitamente al procesado, por ello, el legislador ha establecido esta institución procesal, para que sea el juez quien controle estas falencias en el propio aparato estatal. Leer más
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El derecho de retención solo podrá plantearse como medio de defensa y no como vía de acción
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Una cuestión mínima en el otorgamiento de escritura pública: que el contrato presentado para elevarlo a escritura lleve la firma de todas las partes
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En los procesos de otorgamiento de escritura pública, la Corte Suprema (CS) anota que «se debe tener en cuenta que si bien los contratos de compraventa no requieren de formalidad alguna, es necesario que el contrato que se presente para ser elevado a escritura pública cuente con la firma de todas las partes que intervinieron en el mismo, con el fin de que se tenga certeza sobre la manifestación de voluntad de celebrar el contrato que se busca perfeccionar» (sic). Para la Corte, en este caso, por ejemplo, entrando al análisis sobre la existencia del contrato, «se tiene que las firmas en el documento constituyen un elemento probatorio importante, pues mediante dicho acto se deja constancia de la manifestación de voluntad de trasferir y adquirir el bien por parte de los celebrantes del contrato; al respecto, no debemos olvidar que si bien el acuerdo entre las partes celebrantes de un contrato de compraventa no requiere encontrarse materializado en un documento, puesto que nuestro ordenamiento ha adoptado el sistema francés, por el cual el derecho real nace del acuerdo o mero consentimiento de las partes que contratan, como se aprecia del contenido de los artículos 1351 y 1352 del Código Civil, con lo que el acuerdo entre las partes es suficiente para que se transfiera la propiedad, tal y como lo señala el artículo 1529 del Código Sustantivo (…). Leer más
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Los aspectos calificables del contrato de arrendamiento
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Expone el Tribunal Registral (TR), solo son aspectos calificables del contrato de arrendamiento aquellos que contengan datos que se expresen en el asiento de inscripción, los que constituyen datos relevantes para el conocimiento de terceros, por lo que no son materia de calificación las condiciones contractuales que solo interesen a las partes y no afecten la validez del negocio jurídico. Al resolver este caso, la instancia registral determina que, «en lo relativo al plazo de vigencia del contrato de arrendamiento, señala el artículo 1687 del Código Civil que puede ser de duración determinada o indeterminada, precisándose en el artículo siguiente que el arrendamiento de duración determinada no puede exceder de diez años, salvo que el bien pertenezca a entidades públicas o a incapaces, en cuyo caso no puede exceder de seis años. Agrega la norma que todo plazo o prórroga que exceda los términos señalados se entienden reducidos a los plazos máximos. Leer más
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El registro no cumple un rol fiscalizador | La habilitación urbana aprobada por la municipalidad se inscribe, aunque afecte la vía pública
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Tribunal Registral | Propiedad Inmueble. La duda que resuelve el Tribunal Registral (TR) en este caso fue la siguiente: ¿si existe afectación a vía pública en el planteamiento de la habilitación urbana ejecutada, esto constituye obstáculo para la inscripción? Según la instancia administrativa, la aprobación por parte de la municipalidad de la regularización de habilitación urbana ejecutada tiene la calidad de acto administrativo, pues forma parte de su exclusiva competencia. Así, si la autoridad municipal aprobó dicha habilitación, que se refleja en la emisión de la respectiva resolución municipal, visado de planos y la memoria descriptiva del predio, entonces, significa que concluyó que no se afectan los bienes de dominio público que se hallan bajo su administración, como son las vías de circulación. Sin embargo, es la municipalidad el órgano competente para planificar el desarrollo urbano de sus circunscripciones, verificar el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial de su sector, aprobar las habilitaciones en función del cumplimiento de las normas técnicas y legales pertinentes y autorizar o no, de ese modo, las solicitudes presentadas. Leer más
Municipalidades pueden prohibir el tendido de cables eléctricos para preservar el espacio público, pero no por razones de seguridad y protección de sus vecinos
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La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi determinó, sobre la prestación de servicios públicos regulados por una entidad de alcance nacional, que las municipalidades ostentan una competencia de carácter residual, conforme con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En ese sentido, las municipalidades provinciales y distritales pueden ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en dicha ley, en tanto no se encuentren reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional. Leer más
En un proceso de divorcio, la consulta tiene como fundamento la protección del matrimonio y la familia
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Una minera no tiene obligación de solicitar licencia municipal de funcionamiento si el lugar no está considerado como zona urbana
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