La tenencia no siempre favorece al progenitor por el tiempo en que estuvo con el menor

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La tenencia la define la doctrina como un atributo de la patria potestad y es un deber derecho preferente de uno de los padres de vivir en compañía de su hijo cuando se produce una situación de desavenencia con el otro progenitor, y que desplaza a uno de ellos de la convivencia (cfr., artículo 3° de la Convención de los Derechos del Niño y la Resolución Legislativa N.° 25278). El artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes delimita algunos criterios orientadores, más no determinantes, que tendrá en cuenta el juzgador para dilucidar cuál de los padres ejercerá la tenencia y custodia del hijo. En todo proceso judicial de tenencia y custodia, la decisión debe sustentarse, además de la valoración conjunta de todos los medios probatorios, en lo que resulte más beneficioso para el hijo, más no para el progenitor, en clara aplicación del Principio del Interés Superior del Niño. Leer más

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2023 | Sunat no sancionará a contribuyentes que no cumplan con colocar el RUC en avisos publicitarios

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En fecha pasada, mediante Decreto Legislativo N.° 1524, se modificó el segundo párrafo del artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, para disponer que el número de RUC sea consignado en toda documentación que oferte bienes y/o servicios, incluidos aquellos casos en que la oferta se realice a través de plataformas digitales de comercio electrónico, redes sociales, páginas web, correos publicitarios, aplicaciones móviles, entre otros. El número de RUC debe figurar acompañado del nombre o denominación o razón social del sujeto publicitado. El decreto también incorporó el numeral 9 al artículo 173 del Código Tributario y, con ello, tipificó como infracción «No consignar el número de RUC en la documentación mediante la cual se oferte bienes y/o servicios conforme a lo que la normativa tributaria establezca» (sic). Esta infracción se castiga con un porcentaje de la UIT o de los ingresos brutos, de acuerdo con lo establecido en las tablas de infracciones y sanciones I, II y III del citado código. Todo esto entrará en vigencia desde el 1 de julio del 2023. Leer más

Sin bloqueos para caminar | San Borja prohíbe dejar vehículos o unidades motorizadas abandonados o que interrumpan la libre circulación en la vía pública

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Con esta ordenanza, la Municipalidad Distrital de San Borja (MDSB) prohíbe el abandono de vehículos o unidades motorizadas o que interrumpan la libre circulación en el distrito. La norma municipal se aplicará en toda la jurisdicción de San Borja, y será de estricto cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas. El artículo sexto de la ordenanza precisa que cualquier administrado o entidad podrá comunicar a la autoridad municipal de la posible existencia de una infracción administrativa, ya sea por escrito o en forma verbal, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo particular y/o colectivo. Leer más

construcción, rascacielos

La excesiva densificación poblacional | Surquillo deroga la ordenanza que dictó mayores alturas que las aprobadas por la norma metropolitana

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A través de la Ordenanza N.° 391-MDS, la Municipalidad Distrital de Surquillo (MDS) aprobó la consolidación de zonas, áreas mínimas de unidad de vivienda, estacionamientos y uso de azoteas en el distrito, que promueve mayores alturas que las aprobadas por la norma metropolitana rectora. Sin embargo, tal como informa y sustenta la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro de la comuna, la Ordenanza N.° 391-MDS trasgrede los parámetros urbanísticos y edificatorios aprobados por la Ordenanza N.° 1076 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como las normas generales en materia de planificación urbanística. Así, la entidad edil decide derogar la Ordenanza N.° 391-MDS, Ordenanza de consolidación de zonas, áreas mínimas de unidad de vivienda, estacionamientos y uso de azoteas en el distrito de Surquillo. [MDS, Ord. 533-2023-MDS, 28/06/2023] Leer más

El pago de la reparación civil por parte del adolescente tutelado solo se prevé cuando se trata de mayores de 14 años

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La Corte Suprema (CS) entiende que, en el presente caso, la sentencia de vista no se encuentra debidamente motivada pues la sala revisora no sustentó cuál es el sustento normativo para ordenar el pago de la reparación civil por parte del adolescente tutelado, Leer más

El informe final demostraría la efectiva prestación del servicio de estudio y evaluación comercial que contrató una inmobiliaria

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Tribunal Fiscal | Impuesto a la Renta. Según el contrato de prestación de servicios suscrito por una empresa inmobiliaria con su proveedor, este se obligaba a realizar un estudio y la evaluación comercial del flujo de ventas, procedimientos comerciales, marketing y publicidad de los proyectos que tenía la usuaria (recurrente), ello con la finalidad de presentar un informe comercial, según todos los requerimientos y necesidades establecidos en el contrato; no obstante, la recurrente no presentó el citado informe comercial con el que se sustentaría la prestación realizada; por lo que, según el Tribunal Fiscal (TF), dicho contrato únicamente demostraría la obligación contraída por la prestadora, pero no su ejecución, y no se acredita la prestación del mencionado servicio. Sobre los recibos por honorarios emitidos por la prestadora, conforme con los criterios establecidos en las RTF 01145-1-2005 y 01807-4-2004, el tribunal recuerda que no basta con sustentar que se cuenta con tales comprobantes de pago, se necesita que la recurrente acredite con documentación adicional la realidad de la operación observada. En cuanto a los cheques con la cláusula no negociable, si bien evidencian el abono a favor del proveedor, tales documentos no acreditarían la fehaciencia de la operación acotada. Leer más

Una norma de orden público: el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades cautela la seguridad de las personas y la propiedad privada

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La sala superior en el fallo impugnado argumenta expresamente lo siguiente: «a) la decisión de la autoridad municipal se adoptó por un conflicto suscitado entre dos particulares; b) no queda claro por qué se aplicó el derecho público a un conflicto de esta naturaleza; c) la municipalidad sustentó su decisión en la Ley Orgánica de Municipalidades de manera genérica, sin precisar el fundamento legal exacto; d) el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades faculta a la autoridad municipal para ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor, pero no se ha acreditado que la demolición se haya ordenado por afectar el interés público, ni por no contar con licencia de construcción o quebrantar las condiciones en las que fue otorgado (…). Leer más

Una separación por causa laboral justificaría la suspensión temporal de la cohabitación

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La Casación N.° 4664-10-Puno (Tercer Pleno Casatorio Civil), que tiene carácter vinculante, determina inequívocamente que el divorcio por causal de separación de hecho no puede invocarse cuando la separación de hecho ha tenido un origen de índole laboral (cfr., inciso 12 del artículo 333 del Código Civil). Leer más

Cosa juzgada fraudulenta, «improbable que en un mismo día se origine y se reconozca una obligación, se inicie un proceso judicial para su cobranza, se notifique y se autorice su pago vía descuentos por planilla»

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A juicio de la Corte Suprema (CS), en este caso, las instancias de mérito han motivado adecuadamente su decisión de declarar fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, «ya que resulta improbable que en un mismo día se origine y se reconozca una obligación pendiente de pago, se inicie un proceso judicial para su cobranza, se notifique y se autorice su pago vía descuentos por planilla, con lo cual se encuentra acreditada la causal de fraude denunciada en la demanda; aunado a la incompetencia por razón de cuantía y territorio del juez de paz de San Antonio de Cumbaza. Leer más

CS: con el comienzo del parto se pone fin al estadio fetal

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En este caso, la Corte Suprema expone que la paciente era primeriza, «tenía un embarazo de treinta y siete semanas y presentaba problemas y molestias (dolores tipo contracción), por lo que se decidió a buscar asistencia hospitalaria. Cuando la obstetra advirtió serios problemas de la frecuencia de latidos por minuto, la paciente ya estaba con dilatación completa; es decir, estaba en trabajo de parto. Luego, como el nacimiento comienza con los trabajos de parto, en la que se pude afirmar que existe plena madurez morfológica y funcional -pese a todo, se trató de un parto natural, no inducido-, entonces, se está ante un homicidio. Leer más